PRONUNCIAMIENTO
Red Colaborativa de Diálogo y Construcción de Paz
Ante la grave crisis política y social que atraviesa el país, marcada por movilizaciones ciudadanas y episodios de violencia, y como profesionales comprometidos con la resolución y transformación pacífica de los conflictos; y convencidos de que sólo a través del diálogo, la justicia y el Estado de Derecho, se construye una paz social sostenible, manifestamos lo siguiente:
1. Rechazamos toda forma de violencia.
2. Lamentamos profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, y el grave estado de salud de Luis Reyes Rodríguez; y expresamos nuestra solidaridad con sus familias, así como con todas las personas heridas, civiles y policías.
3. Valoramos que las masivas movilizaciones hayan sido en su gran mayoría pacíficas. Reconocemos en ellas una expresión legítima de la ciudadanía en defensa de sus derechos y libertades constitucionales. Las protestas reflejan un malestar profundo de la sociedad frente a lo que consideran una clase política sumida en la corrupción e incapaz de enfrentar la creciente criminalidad por estar coludida con ella. Reconocemos el papel activo de los jóvenes en el enorme desafío de construir un Perú con paz, justicia y desarrollo.
4. Rechazamos la violencia ejercida por algunos grupos de manifestantes. La violencia nunca es la vía legítima. Es ética y jurídicamente condenable, y resta legitimidad a los justos reclamos ciudadanos. La acción civil no violenta no solo es el camino correcto desde el punto de vista ético y legal, sino también el más eficaz y estratégico. En una democracia, los medios deben ser coherentes con los fines.
5. Reconocemos el valor de la labor policial en el mantenimiento del orden público y la paz social; lo que no significa justificar abusos ni eximir de responsabilidades a los que transgredan la ley. La Policía Nacional del Perú debe actuar en todo momento de manera profesional, íntegra y respetuosa de los derechos humanos. Su actuación debe ceñirse a lo establecido en la ley de uso de la fuerza, cuyos principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad deben tenerse presentes durante sus operaciones. Los derechos de los policías deben estar igualmente garantizados.
6. Condenamos enérgicamente los casos de violación de derechos humanos derivados del uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así como la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a protestar. El Estado está en la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos y libertades ciudadanas. En ese marco, exigimos se investigue de forma diligente la muerte de un manifestante como consecuencia del uso de un arma de fuego, las heridas causadas por el uso irregular de armas no letales, y las detenciones arbitrarias en las que se hubiere incurrido.
7. Exigimos que las investigaciones arrojen resultados en plazos razonables, y determinando las correspondientes responsabilidades penales, administrativas y políticas.
8. Llamamos a las autoridades, medios de comunicación, actores políticos, sociales, empresariales, y a la ciudadanía en general, a contribuir a desescalar la agresiva polarización en los medios de comunicación y las redes sociales, que abona el terreno de la violencia en un delicado contexto preelectoral.
9. Alentamos el impulso de un diálogo nacional amplio y transparente, que incluya a los colectivos ciudadanos movilizados, conducido por actores probada ejecutoria democrática y libres de cuestionamientos.
10. Planteamos que en dicho proceso de diálogo se busque garantizar la integridad y neutralidad del sistema electoral y las elecciones del 2026; y se reabra el debate público para revisar y derogar las normas que han debilitado la lucha contra la impunidad y el crimen organizado.
21 de Octubre del 2025
